Con el inicio de la segunda fase de trabajos restaurativos en el Cementerio Central de Neiva, cuatro comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), implicados en crímenes de guerra cometidos por la fuerza pública en el Huila, se sumaron a las actividades lideradas por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Los exintegrantes del Ejército Nacional, imputados por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales en el marco del Subcaso Huila del Caso 03, participarán activamente en labores humanitarias, en el marco de una medida de restricción de derechos como parte de su compromiso con la verdad y la reparación.
La intervención, que se extenderá hasta el 28 de julio, tiene como objetivo avanzar en la prospección forense y en la adecuación de áreas prioritarias del cementerio, especialmente el Monumento 14, donde se presume que fueron inhumadas víctimas de desaparición forzada sin plena identificación. Desde el año 2021, el cementerio se encuentra bajo medidas cautelares impuestas por la JEP, que buscan evitar la pérdida de cuerpos no identificados e impedir que estos sean trasladados o destruidos antes de ser plenamente examinados.
Los comparecientes, actualmente bajo medidas restaurativas, llevan dispositivos de monitoreo electrónico que permiten verificar su cumplimiento horario y ubicación, bajo la supervisión de la Oficina Asesora de Monitoreo Integral (OAMI) de la JEP. Estas condiciones hacen parte del modelo de sanción propia en justicia transicional, que exige a los responsables de crímenes graves comprometerse activamente con las víctimas a través de acciones concretas de reparación simbólica, material y comunitaria.
Durante esta segunda fase, que continúa lo iniciado en abril de este mismo año, los comparecientes colaboran con los equipos técnicos de la UBPD en tareas de limpieza, adecuación del terreno y apoyo logístico para facilitar la recuperación de cuerpos, en un trabajo articulado con la Alcaldía de Neiva y con organizaciones sociales y de víctimas. El acompañamiento institucional incluye también a la Gobernación del Huila, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
El lunes 21 de julio se realizó un nuevo recorrido de la Ruta de la Memoria, espacio simbólico liderado por la UBPD que permite resignificar el lugar desde una perspectiva restaurativa. En la actividad participaron víctimas, comparecientes y miembros del Sistema Integral para la Paz, en una caminata por estaciones que representan el duelo, la verdad, la justicia y la dignificación. Durante el acto, los magistrados Alejandro Ramelli y Raúl Sánchez, encargados del Subcaso Huila y de la medida cautelar, destacaron la importancia del compromiso de los exmilitares y el papel central de las víctimas en este tipo de ejercicios.
Hasta la fecha, la JEP ha documentado más de 200 casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Huila, de las cuales 71 cuerpos han sido exhumados en el Cementerio Central de Neiva. Se estima que en este camposanto podrían encontrarse restos de decenas de personas reportadas como desaparecidas entre 2005 y 2008, en el contexto de operaciones militares que hoy son objeto de investigación judicial.
La participación de los comparecientes es una respuesta a las exigencias históricas de las víctimas, que han pedido durante años que los responsables contribuyan directamente a la verdad y la reparación desde los mismos territorios donde ocurrieron los crímenes. La intervención, además, refuerza el carácter territorial, restaurativo y participativo del modelo de justicia transicional adoptado por Colombia, cuyo enfoque está centrado en las víctimas como sujetos de derechos.
